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Esta Comisión Nacional concluyó que la certificación médica elaborada por perito oficial en la temporalidad de los hechos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) indicó que una de las víctimas contó con lesiones traumáticas. Además, se le detectaron síntomas que refieren afectación psicoemocional a consecuencia de los hechos que narró en su queja. Por su parte, los exámenes realizados a la segunda víctima, de acuerdo con el Protocolo de Estambul practicado el 24 de enero de 2019, concluyeron que cubre las características de una persona víctima de tortura, además de que existe correlación entre lo narrado y los hallazgos psicológicos detectados al momento de realizarle el estudio. Por lo anterior, se constató que las dos víctimas coinciden en sus narrativas de los escritos de queja con las evidencias psicológicas que les fueron encontradas.
La Comisión Nacional pudo constatar que estando bajo custodia de la entonces PGR, las víctimas fueron ingresadas a una celda donde los continuaron golpeando en repetidas ocasiones. Por ello, esta CNDH enfatiza la responsabilidad de dicha Procuraduría en los actos de tortura, concatenándose las acciones realizadas por los elementos de la SEMAR con las omisiones en que incurrieron los elementos de la entonces PGR.
Por otra parte, los análisis muestran que no existió alguna situación que justificara que los elementos de la SEMAR utilizaran técnicas de sometimiento o algún uso de la fuerza que justificara las lesiones que les fueron certificadas a las víctimas en el momento en que fueron puestas a disposición de la entonces PGR.
Después de un análisis exhaustivo por personal especializado, se comprobó que lo manifestado en las quejas de las víctimas son concordantes, mientras que la autoridad no explicó razonablemente los hechos ni la existencia de las lesiones que presentaron las víctimas; comprobándose que las agresiones físicas tenían como finalidad que proporcionaran información relacionada con terceras personas.
Por lo anterior, esta Comisión Nacional solicitó al secretario de Marina y al fiscal general de la República que procedan a la reparación integral del daño a las víctimas y se les otorgue la atención médica y psicológica que requieran. Que colaboren en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional formule ante la FGR, a fin de que se investiguen conforme a derecho la responsabilidad de doce personas servidoras públicas, de acuerdo con la intervención de cada uno en la detención y tortura de las víctimas.
Asimismo, que se imparta un curso sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigido a las personas
