18,078 Defensores
El informe explica las principales tácticas —el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes , los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado— que el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha utilizado para lograr el cierre gradual del espacio cívico, silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica al gobierno, y operar sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas. La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad.
De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales, quienes han sido los responsables de miles de detenciones arbitrarias en diferentes momentos, a lo largo de estos cinco años. Estos cuerpos represivos se han caracterizado además por el uso de armas letales en contextos no autorizados por el derecho internacional, lo que ha causado la muerte de cientos de personas, algunas de las cuales ya han sido calificadas por órganos de control de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, un crimen del derecho internacional.
A través de la información brindada por organizaciones de sociedad civil nicaragüenses y la documentación directa de casos en diferentes épocas entre 2018 y 2023, Amnistía Internacional ha logrado confirmar la cooptación del sistema judicial, el cual, en colaboración con otras autoridades nacionales, ha desarrollado juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno. En los casos documentados en el informe se verificó cómo el gobierno ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras. Esta instrumentalización del proceso penal ha llevado a la encarcelación de cientos de personas sólo por ejercer su derecho a la liberta de reunión pacifica, denunciar los abusos cometidos por las autoridades y defender y promover los derechos humanos en Nicaragua.
“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, dijo Erika Guevara Rosas.
“Hoy más que nunca la comunidad internacional debe seguir actuando de manera articulada y contundente. Pero no sólo al momento de reconocer y condenar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murilo, sino también en la manera en la que se promueven y garantizan los derechos de justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas que ha cobrado —y sigue cobrando— una política muy represiva que aplasta los derechos humanos”
