18,651 Defensores
Por ser un importante retroceso democrático, un grupo de redes de organizaciones de la sociedad civil hacen un fuerte llamado a impedir que prospere la iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados en días pasados, con la cual se busca desaparecer o fusionar -en todos los casos debilitando considerablemente la capacidad institucional- a 18 organismos y entidades federales, como el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados (COMAR), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros.
Muchas personas que hoy son legisladoras y funcionarios federales, aprobaron y lucharon en años anteriores por la creación y el desarrollo de estas instituciones, concientes del gran valor social que generan. Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte, o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes. Por eso dichos organismos fueron aprobados por consensos partidistas y con amplia participación ciudadana, en cumplimiento de obligaciones legales de derechos humanos del Estado Mexicano.
Las más de 500 organizaciones ciudadanas consideran que se contradice el marco Constitucional pues se afecta el Principio Pro Persona, el Interés Superior de la Niñez, y la búsqueda de la Igualdad de Género, en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población. No hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional. Por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados, y, por ningún motivo, deben fusionarse ni desaparecer, pues ello vulnera la autonomía e independencia con el que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables, y se disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles, señalaron en un comunicado.
La propuesta, argumentaron, representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de graves problemas sociales, porque todas estas instituciones y organismos tienen como mandato legal los derechos humanos de sectores muy amplios de la población, y se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por décadas; las organizaciones civiles impulsaron la creación de muchos de estos organismos, y siguen trabajando por estos grupos de población y estos temas centrales asumiendo responsabilidades que le tocan a las instituciones públicas.
Además, expresan su preocupación por la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a causa del incumplimiento del Senado de la República de su obligación legal de nombrar a tres personas comisionadas, sin las cuales no existe el quórum legal para sesionar en pleno. Es ilegal, falta a la ética pública y a los compromisos de los partidos el no garantizar a la ciudadanía su derecho de acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales.
Iniciativa Manifiesta, grupo ciudadano conformado por 22 redes, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que protegen y defienden el espacio ciudadano, y otras 500* organizaciones ciudadanas, alertan sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la ley. Quienes firman este comunicado convocan a la movilización y a la exigencia para defender a las instituciones que protegen los derechos de todas y todos. Se hace un llamado urgente y claro al Congreso para mantener y fortalecer a los organismos creados para promover y proteger los derechos de la ciudadanía.
